Los grupos municipales Ganemos y PSOE de Tres Cantos, ante las evidencias de mentira y ocultación hechas públicas esta semana desde la Plataforma del Tagarral, exigimos responsabilidades políticas al Alcalde de Tres Cantos, como máximo responsable de todo lo sucedido.
El 2 de octubre de 2014, el alcalde Jesús Moreno anunció que la Comunidad de Madrid había pagado los 63 millones de euros de la sentencia que condenaba a las tres Administraciones Públicas (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Ayuntamiento de Tres Cantos) por el caso Tagarral, liberándonos de la angustiosa situación que arrastrábamos desde hacía muchos años.
Los grupos de oposición, así como muchos vecinos pedimos más información, en los Plenos, en la calle y en los medios. Queríamos tener constancia de que la Comunidad dispensaba al Ayuntamiento del pago de la deuda. El Alcalde negaba sistemáticamente la existencia de cualquier documento, dando el asunto por finiquitado. Ahora sabemos que mentía y que ocultaba sendos requerimientos de la Comunidad de Madrid, donde se nos reclamaba la tercera parte de la deuda satisfecha– 21 millones de euros- y se nos pedía que nos sentásemos a negociar. Se trataba entonces de dialogar y llegar a acuerdos en los “que, satisfaciendo la deuda, se ocasione el menor perjuicio posible a los presupuestos municipales”, nos decían textualmente. Es decir, podíamos hace dos años, no sólo discutir el pago sino llegar a acuerdos sobre la forma de pago, no necesariamente monetaria, y/o los plazos de amortización, el número de años para satisfacer la cantidad que finalmente acordásemos.
Sólo la inminencia de las elecciones municipales de mayo del 2015 pueden explicar la ocultación deliberada de estos requerimientos.
En junio del 2016 tuvimos noticia de que en marzo -3 meses antes- había llegado una notificación de la Comunidad, amenazando con iniciar un Contencioso – Administrativo en los Juzgados, sino ejecutábamos el pago inmediato en efectivo, y fue en ese momento cuando descubrimos con sorpresa que se hacía referencia a dos requerimientos anteriores de dos años atrás: octubre y diciembre del 2014.
El Alcalde negó haberlos recibido. Presentíamos que mentía, la Comunidad no podía basar su demanda en haber reclamado con anterioridad sin tener la seguridad fehaciente de que dichos escritos habían sido recibidos. Además, Colmenar había hecho públicos los requerimientos “gemelos” que recibió en su momento. Pese a todo, cuando en el Pleno pedimos su reprobación, el grupo Ciudadanos le salvó con sus 2 votos haciendo un acto de fe ante las palabras del Alcalde. Pero ahora todos sabemos que mintió en el 2014, mantuvo su mentira todo este tiempo y ha mentido en 2016.
Esto nos ha llevado a dar por buenos unos presupuestos municipales donde no se contemplaba una deuda de 21 millones de euros, facilitando una gestión claramente irresponsable y temeraria de nuestras cuentas públicas. Para colmo, ha ocultado al Juzgado nº 5 de lo Contencioso – Administrativo esta parte del expediente cuando ha sido requerido por el mismo.
Los intereses privados y políticos del alcalde están poniendo en peligro el futuro económico de nuestro municipio. Jesús Moreno ha demostrado claramente su incapacidad para gestionar tan grave asunto.
Es preciso también establecer las responsabilidades de los firmantes de la recepción de ambos escritos: el primero firmado por un cargo de confianza y el segundo por el Tte. Alcalde Javier Juárez ejerciendo como Alcalde en funciones en diciembre del 2014.
Los partidos firmantes vamos a convocar un Pleno Extraordinario para pedir explicaciones y dirimir responsabilidades. Además, iniciamos el estudio de posibles acciones legales, tanto en la Jurisdicción Contencioso – Administrativa como en la Penal, si es procedente.
Esperamos que el Grupo Municipal de Ciudadanos que nos ha manifestado que están estudiando y debatiendo internamente el tema, se posicionen junto al resto de la oposición y podamos, entre todos, revertir la peligrosa deriva de esta situación.
Aún estamos a tiempo, mientras dure el proceso, de tomar decisiones razonables y negociar una salida razonable con el Ayuntamiento de Colmenar y la Comunidad de Madrid.